Las/os representantes de las comisiones de géneros y de los consejos directivos
de los colegios y asociaciones de la magistratura y la función judicial, en nombre de las
y los integrantes de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial,
expresamos que:
El Poder Judicial tiene la responsabilidad de administrar justicia sin estereotipos
violatorios del principio de igualdad en sus decisiones judiciales. Para ello es necesario
identificar las relaciones asimétricas de poder, los estereotipos de género, los
diferentes tipos de violencia de género y aplicar las normas específicas de la materia,
especialmente las que contienen medidas de acción positiva.
Como integrantes de los poderes judiciales de las 23 provincias y CABA nos
sentimos convocados/as a garantizar y trabajar por una justicia con perspectiva de
género; a mejorar y garantizar que las mujeres y las diversidades tengan una vida
segura y libre de violencias; a alcanzar la absoluta equidad y paridad de género en
todos los ámbitos y todas las instancias para romper el techo de cristal que impide el
acceso a cargos efectivos de poder; y a visibilizar los esfuerzos y los aportes de las
mujeres y las diversidades.
Para conseguir una justicia con plena perspectiva de género proponemos
considerar la situación de las mujeres y las diversidades, libres de cualquier estereotipo
de género; entender la situación de las mujeres víctimas como acusadas de algún
delito, valorando desde esa mirada todos los contextos que las pusieron en esa
situación.
Para ello, resultan imprescindibles las capacitaciones específicas y permanentes
en todos los fueros e instancias, tanto de la magistratura y de la función judicial, como
así también de todas las/os operadoras/es que interactúan con la justicia en los
diferentes planos.
Nos proponemos crear – en el marco de la FAM e integrado por las 24
jurisdicciones – un Observatorio de Género, con dispositivos de detección, seguimiento,
asesoramiento y apoyo de estas situaciones en todos los poderes judiciales del país, a
fin de que los avances en la claridad y mejoras en estos temas también se vean
reflejadas hacia adentro de los poderes judiciales con protocolos de intervención
adecuados, y tener así un sistema de justicia libre de violencias y de discriminaciones.
Es ineludible articular con otras organizaciones con trayectoria en materia de
género y feminismo el diseño de políticas basadas en datos contrastables y en nuevas
masculinidades que permitan ejecutar las mismas sostenidas en el tiempo.
Resulta alarmante que la cantidad de causas por violencia que atienden los
sistemas de justicia sea absolutamente desproporcionada respecto de cualquier otra.
Solo el trabajo sistemático, coordinado y de cooperación permitirá atacar el origen de
esta situación que nace de una cultura patriarcal que no reconoce a las mujeres y a las
diversidades como pares y ni como personas libres y autónomas.
Finalmente para dar visibilidad a los aportes de las mujeres y diversidades a la
construcción de sistemas de justicia como FAM, a partir de este año, vamos a
profundizar nuestra política de tener absoluta paridad en los espacios académicos entre
géneros, visibilizar a las mujeres autoras, doctrinarias y a las mujeres que a lo largo de
la historia hayan hecho aportes relevantes a la construcción del sistema de justicia,
mostrar la distribución de cargos y tareas en toda la pirámide judicial y proponer y
defender que exista paridad en todas las instancias.
Declaramos la necesidad de que en cada Asociación de la Magistratura y la
Función Judicial se trabaje en la creación de comisiones de género destinadas a
sensibilizar en esta temática, a fortalecer acciones con perspectiva de género y a
garantizar el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación tanto en las tareas
y relaciones dentro de los poderes judiciales, como en las sentencias y el servicio
público de la administración de justicia.
Desde FAM trabajaremos en la construcción de una sociedad y de un sistema de
justicia amplio, diverso, inclusivo e igualitario, en el que se valore el conocimiento y el
talento sin importar la condición de género de las personas; y para mejorar las
decisiones judiciales y la confianza de la sociedad impulsando una transformación
socio-cultural basada en la plena e igualitaria participación de las mujeres en todos
niveles y aspectos de la vida social e institucional.