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CMFRN miembro de la comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema

El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro (CMFRN), Héctor Leguizamon Pondal, fue elegido como uno de los representantes de la FAM para integrar  la comisión de Acceso a Justicia (CNAJ), la cual depende de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación.
Dicha comisión aborda los elementos posibles para que la ciudadanía acceda a la Justicia, como por ejemplo, Casas de Justicia, Centros de Mediación, comunicación institucional, diagramas, entre otros.
La Comisión está conformada por tres miembros de la Federación Argentina de Magistrados (FAM), tres representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y tres referentes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de Argentina (JuFeJus).
Dicha Comisión es presidida por Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los miembros se reúnen durante el año siendo el próximo encuentro en el mes de septiembre.
Por la FAM, los representantes son Margarita Tropiano (Colegio provincia Buenos Aires), Roberto Pagoto (Colegio de la provincia de La Rioja) y Héctor Leguizamon Pondal (Colegio de la provincia de Río Negro), es decir se encuentran representados el Norte, Centro y Sur del país.

CNAJ

La consolidación y el fortalecimiento de los sistemas democráticos contemporáneos han producido un trascendental cambio en el rol del Poder Judicial, que ha derivado ―de manera inevitable― en una ampliación de la esfera decisoria de los jueces.
Las demandas sociales del siglo XXI, que se caracterizan por ser complejas, multiculturales y globalizadas, muchas veces exceden la capacidad regulatoria de los parlamentos y los plazos razonables de ejecución. La relevancia institucional de estas necesidades insatisfechas exige una respuesta por parte de la magistratura, no sólo a través de actos típicamente jurisdiccionales (sentencias), sino también ―y fundamentalmente― mediante el diseño de políticas de Estado de alcances generales y perdurables en el tiempo.
En ese marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ideó y puso en funcionamiento un plan de políticas públicas en el ámbito del Poder Judicial, para dar una adecuada respuesta a los nuevos desafíos que debe enfrentar la Justicia de nuestro tiempo.

Políticas de Estado

La CNAJ fue creada en septiembre de 2007, a través de la acordada 37/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan de Políticas de Estado del Poder Judicial y de las conclusiones alcanzadas en la Segunda Conferencia Nacional de Jueces, realizada ese mismo año en la Provincia de Salta, República Argentina.
Las conferencias de jueces consisten en reuniones bianuales en las cuales los magistrados de todo el país debaten y diseñan las políticas públicas destinadas a mejorar el servicio de Justicia.
En las últimas décadas, la creciente litigiosidad generó el congestionamiento de los tribunales y la consiguiente demora en obtener pronunciamientos judiciales.
Por otra parte, se advertía la ausencia de políticas comunes en materia de resolución de conflictos y la dificultad que algunos sectores de la sociedad tenían en el acceso a justicia, sobre todo aquellos de bajos recursos o que residen en zonas alejadas de los tribunales. La gran extensión del país y las numerosas modalidades de los programas que se desarrollan en los distintos niveles (locales, provinciales o regionales) dificultaban su conocimiento por parte de la sociedad y de los propios operadores jurídicos. A ello se sumaba que no existían estadísticas ni ningún otro tipo de evaluación y/o seguimiento de los sistemas implementados.
Esta situación motivó la creación de la CNAJ con el objetivo de promover e incentivar el acceso a justicia a través de métodos alternativos de resolución de controversias, disminuir la litigiosidad judicial y optimizar el servicio de Justicia que se brinda a los ciudadanos en todo el territorio argentino.

Acceso a Justicia

El concepto de “Acceso a justicia” es más amplio que el de “acceso a la justicia” ya que incluye una gran variedad de soluciones alternativas de disputas. Las políticas judiciales tendientes a garantizar el acceso a justicia de las poblaciones más vulnerables se centran en ofrecer a la ciudadanía una variedad de métodos de resolución alternativa de conflictos con el objeto de que los propios afectados puedan encontrar vías de solución de disputas sin necesidad de que ello implique la apertura de un proceso judicial, que por lo general es largo y costoso.
Para dar cumplimiento a esos objetivos, la CNAJ elaboró ―en la primera etapa de su trabajo― un Mapa Judicial que contiene un exhaustivo relevamiento (actualizado periódicamente y disponible a través de la web) de los diversos métodos de acceso a justicia existentes en todas las jurisdicciones del país y los resultados obtenidos en su aplicación.
En la segunda etapa para cumplir los objetivos fijados por la CNAJ, se realizó la difusión de todas las prácticas, con sus características y resultados. De esta manera, los jueces, el Ministerio Público y la ciudadanía en general tuvieran conocimiento de los distintos sistemas que en materia de acceso a justicia se estaban desarrollando, especialmente de aquellos que han arrojado resultados favorables.
Se llegó así a la tercera y última etapa, que consiste en el diseño e implementación de las experiencias más exitosas. A tal fin se conformó un grupo de trabajo integrado por secretarios de los superiores tribunales provinciales, que actúan de nexo entre la CNAJ y esos tribunales en la coordinación de acciones conjuntas tendientes a la puesta en práctica de sistemas concretos en cada una de las jurisdicciones.

Más información en http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/

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